Aunque no existe la obligación de hacerlo, una NOID implica consecuencias importantes y establece un plazo estricto, con muy poco margen para cometer errores. Un abogado con experiencia en derecho migratorio puede ayudarle a identificar las pruebas más relevantes, evitar actuaciones que puedan aumentar el riesgo de una denegación y presentar un argumento sólido que justifique un ejercicio favorable de la facultad discrecional.