La ciudadanía por nacimiento —una de las bases de la democracia estadounidense— acaba de sobrevivir a su primer ataque importante en el segundo mandato de Trump. En una medida audaz, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de padres no ciudadanos. Sin embargo, solo tres días después, los tribunales contraatacaron, calificando su orden de «manifiestamente inconstitucional» y bloqueándola antes de que pudiera entrar en vigor. Entonces, ¿qué pasó exactamente y por qué esta lucha va mucho más allá de la jerga legal? Vamos a desglosarlo.
La cronología
Octubre de 2018: Trump presenta la idea
Durante una entrevista, el presidente Trump reveló su intención de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.
Junio de 2023: Trump reafirma su postura
Como parte de su campaña presidencial de 2024, Trump renovó su compromiso de poner fin a la ciudadanía por nacimiento y prometió tomar medidas el primer día de su regreso al cargo. Su promesa reavivó los debates sobre la cláusula de ciudadanía de la Constitución.
20 de enero de 2025: Trump toma medidas
Fiel a su palabra, el primer día de su segundo mandato, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva titulada «Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense». La orden buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en los Estados Unidos de padres que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.
23 de enero de 2025: Los tribunales intervienen
Pocos días después, un juez federal de Seattle bloqueó la orden ejecutiva, calificándola de «descaradamente inconstitucional» y otorgando una orden de restricción temporal de 14 días. El tribunal sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantiza explícitamente la ciudadanía a las personas nacidas en territorio estadounidense, y que ningún presidente tiene la autoridad de anular unilateralmente la Constitución.
¿Qué decía la orden ejecutiva de Trump?
La orden ejecutiva de Trump se dirigió a dos grupos de niños nacidos en suelo estadounidense:
- Los nacidos de madres que se encuentran ilegalmente en los EE. UU., con padres que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales.
- Aquellos nacidos de madres que están presentes legal pero temporalmente (por ejemplo, con una visa de trabajo, de estudiante o de turista), con padres que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales.
La orden ordenaba a las agencias federales que negaran los documentos de ciudadanía a las personas nacidas en estas condiciones. Según la orden de Trump, cualquier niño nacido en los Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025, cuya madre y padre no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, estaría sujeto a la deportación y no podría obtener números de seguro social, varios beneficios del gobierno y la posibilidad de trabajar legalmente a medida que envejezca.
¿Qué dijo el tribunal?
La impugnación legal de la orden ejecutiva de Trump fue rápida. Los fiscales generales de Washington, Arizona, Illinois y Oregón argumentaron que el presidente «no tiene autoridad para enmendar la Constitución» o anular la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
Al conceder la orden de restricción temporal, el juez federal de distrito John C. Coughenour dictaminó que había un «gran probabilidad» que los demandantes lograrían probar que la orden violaba tanto la Decimocuarta Enmienda como la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La decisión del tribunal subrayó las claras protecciones de la Constitución para las personas nacidas en suelo estadounidense.
¿Qué sigue?
A pesar de la sentencia judicial, Trump ha prometido apelar la decisión. Sin embargo, como señalan los expertos en derecho constitucional, solo la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene la autoridad para reinterpretar el alcance de la Decimocuarta Enmienda, y los precedentes históricos favorecen en gran medida la ciudadanía por nacimiento. Por ahora, la orden ejecutiva sigue bloqueada, pero esta batalla legal está lejos de terminar.
¿Qué pensamos?
La Decimocuarta Enmienda es muy clara: si nació en los Estados Unidos, es ciudadano estadounidense, con excepciones limitadas. Estas excepciones incluyen a los niños nacidos en los EE. UU. de padres diplomáticos u oficiales consulares extranjeros, a las personas que participaron en actividades hostiles contra los Estados Unidos durante una ocupación o invasión y, históricamente, a los nativos americanos nacidos en naciones tribales antes de la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924.
Este principio, establecido hace más de 150 años después de la Guerra Civil, sigue siendo la piedra angular de la democracia estadounidense. Los esfuerzos por desmantelar este derecho fundamental no solo son inconstitucionales, sino también un ataque directo a los valores fundamentales de igualdad y oportunidad que definen el sueño americano.
La lucha por la ciudadanía por nacimiento va más allá de las interpretaciones legales: se trata de salvaguardar la promesa de los Estados Unidos para las generaciones futuras. A medida que este caso se dirija a la Corte Suprema, su resultado sentará un precedente histórico y moldeará el futuro de la inmigración en los Estados Unidos.
Estén atentos: esto es solo el comienzo de Trump contra la ciudadanía por derecho de nacimiento, y la primera ronda es para la Constitución.
Orden de restricción temporal en el estado de Washington contra Donald Trump
