Por lo general, llega en un sobre común. Dentro hay un formulario gubernamental que indica que el destinatario debe miles de dólares a los Estados Unidos —a veces cientos de miles— por no haber abandonado el país. No hubo una audiencia, entrevista ni aviso previo por separado antes de que se impusiera la multa. Y es posible que el plazo para impugnarla haya comenzado a correr incluso antes de que se abriera el sobre.

El 14 de octubre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia publicaron una norma definitiva, con vigencia inmediata, que adopta los procedimientos simplificados de sanciones civiles introducidos el 27 de junio de 2025. La norma regula cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) imponen multas a las personas que no salen de los Estados Unidos después de una orden de expulsión o salida voluntaria, o que son detenidas al ingresar al país de manera ilegal.

Las propias cifras del gobierno muestran la rapidez con la que esto ha escalado. En los tres meses previos a la norma provisional, el ICE emitió alrededor de 12,000 de estas sanciones. Desde junio de 2025 hasta mediados de septiembre de 2026, el ICE emitió aproximadamente 110,000 sanciones por no salir del país, y la CBP emitió unas 66,000 más por ingreso ilegal; un ritmo de casi 2,800 multas por semana, el triple de la tasa anterior.

Oculto en los mismos datos se encuentra el hecho más importante para cualquiera que reciba una notificación: solo alrededor del 3 por ciento de las personas apelaron, y aproximadamente una de cada cuatro apelaciones decididas tuvo éxito. Estas cifras resaltan la importancia de evaluar posibles defensas antes de que venza el plazo de apelación. A continuación, explicamos qué hace la norma, quién está en riesgo, qué defensas son importantes y qué hacer en los primeros días tras la llegada de una notificación. Un aviso separado del DHS emitido el 26 de octubre de 2026 también afecta a las multas que ya se habían impuesto bajo la norma provisional, y crea un plazo del 16 de noviembre de 2026 para algunos de esos casos, lo cual cubrimos más adelante.

Qué hace realmente la norma definitiva

El Congreso autorizó estas multas hace décadas. Lo que cambió es el procedimiento. Las normas anteriores requerían un Aviso de Intención de Multa por correo certificado o entrega personal, un período de respuesta de 30 días, una entrevista opcional en persona y una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). La norma definitiva reemplaza todo eso con una vía única y comprimida:

• Un solo documento, efectivo de inmediato a menos que se apele. Un oficial de inmigración emite una decisión y orden por escrito —normalmente en el Formulario 281 del DHS, Aviso de Infracción y Orden— indicando la base legal, los hechos y el monto. No hay un aviso de advertencia preliminar.
• Notificación por correo ordinario. La orden puede entregarse en persona o por correo postal de primera clase a la última dirección que el DHS tenga registrada. La notificación se considera completada al momento del envío, no al momento de la recepción.
• 15 días hábiles para apelar. Una apelación debe tener el sello postal dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Si no se presenta una apelación a tiempo, la orden se vuelve definitiva.
• La revisión permanece dentro del DHS. Un oficial supervisor que no emitió la orden original revisa la apelación de novo (desde cero), basándose únicamente en el expediente escrito. No hay entrevista. El oficial puede solicitar más pruebas, que deben presentarse en un plazo de 15 días, y se espera que tome una decisión en un plazo de 45 días.
• Sin revisión por parte de un tribunal de inmigración. La BIA ya no atiende estas apelaciones. La decisión del supervisor es la acción final de la agencia, sujeta únicamente a una revisión discrecional por parte del Secretario de Seguridad Nacional. La revisión judicial federal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo sigue estando disponible una vez agotada la apelación ante el DHS.
• Sin derecho a reabrir o solicitar mitigación posteriormente. No existe la moción para reabrir ni la reducción basada en dificultades extremas. El DHS puede reabrir el caso por iniciativa propia, pero nadie puede exigirlo.

El único cambio en la norma definitiva responde a las quejas de que las notificaciones enviadas por correo llegan tarde o tienen fechas anteriores al envío. La nueva sección 8 CFR 281.1(e)(2) permite que el ICE acepte una apelación tardía si el retraso fue causado por problemas de correo fuera del control de la persona. La apelación debe incluir una explicación por escrito y las pruebas disponibles; el ICE evalúa las fechas de envío y recepción, la causa y duración del retraso, y la diligencia de la persona. Es una válvula de seguridad discrecional, no una garantía.

Una actualización del 26 de octubre: Qué sucede con las multas ya emitidas

La norma del 14 de octubre estableció cómo se emitirán las multas de ahora en adelante. Por sí sola, no resolvió el estatus de las decenas de miles de sanciones ya impuestas bajo la norma provisional, y esa cuestión estaba siendo objeto de litigio. Un tribunal federal había suspendido la norma provisional y las sanciones emitidas bajo ella, dejando en el limbo a las personas multadas entre el 27 de junio de 2025 y el 13 de octubre de 2026.

El 26 de octubre de 2026, el DHS respondió con un aviso por separado ratificando la mayoría de esas sanciones anteriores, adoptándolas formalmente bajo los procedimientos que ahora son definitivos. La ratificación no abarca todas las multas: excluye las sanciones que ya fueron revocadas en apelación, que están actualmente en proceso de apelación o que han sido reabiertas y anuladas. Junto con esto, el DHS abrió un proceso limitado para las personas que consideran que fueron perjudicadas por el hecho de que su multa se decidiera bajo las normas provisionales en lugar de las definitivas.

Cualquier reclamo que califique bajo el aviso de ratificación del 26 de octubre debe ser recibido por el ICE a más tardar el 16 de noviembre de 2026. Esta no es una segunda oportunidad para apelar la multa por sus méritos, y no reabre un caso simplemente porque alguien no esté de acuerdo con el monto. Se limita a los reclamos de que el uso de los procedimientos provisionales causó un perjuicio real y legalmente relevante, y su efecto final, junto con su relación con el litigio en curso, aún podría ser puesto a prueba en los tribunales.

Si recibió un aviso de sanción entre el 27 de junio de 2025 y el 13 de octubre de 2026, este es el momento para que un abogado revise el aviso, su historial de apelaciones y el aviso de ratificación del 26 de octubre en conjunto, antes de que cierre el plazo del 16 de noviembre.

Las tres multas y sus costos

Bajo las normas actualizadas de cumplimiento migratorio, las personas pueden enfrentar tres tipos de sanciones civiles dependiendo de sus circunstancias.

1. Incumplimiento de salida tras una orden de expulsión (INA § 274D)‍

• Sanción: Hasta $998 por día
• A quiénes aplica: Personas con una orden de expulsión definitiva y ejecutable que permanecen voluntariamente en los Estados Unidos.

2. Incumplimiento de salida bajo salida voluntaria (INA § 240B(d))‍

• Sanción: $1,992 a $9,970
• A quiénes aplica: Personas a las que se les concedió la salida voluntaria y que no abandonan los Estados Unidos antes de la fecha límite requerida.
• El juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determina la sanción. Si no se estableció un monto previamente, la sanción predeterminada es de $3,000.

3. Entrada ilegal (INA § 275(b))‍

• Sanción: $100 a $500 por entrada
• A quiénes aplica: Personas detenidas mientras ingresaban o intentaban ingresar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada designados.

La multa diaria genera totales asombrosos. El ICE la calcula solo por los cinco años anteriores a la decisión, pero cinco años a $998 por día se acercan a los $1.8 millones, y las agencias reconocen que algunas sanciones superan el millón de dólares. No se toma en cuenta la capacidad de pago.

Incumplir con el plazo de salida voluntaria también conlleva una consecuencia legal independiente: una prohibición de diez años para acceder a las principales formas de alivio migratorio, incluyendo el ajuste de estatus y la cancelación de la deportación. A menudo, una notificación de multa es la primera vez que una familia se entera de que dicha prohibición está en juego.

Quiénes están realmente en riesgo, incluyendo a quienes asumen que no lo están

El grupo evidente son las personas con una orden de deportación antigua, a menudo una orden en ausencia emitida hace años porque la notificación de la audiencia se envió a la dirección incorrecta o porque un representante anterior les falló. Muchos se han casado desde entonces con ciudadanos estadounidenses, han criado hijos y se han vuelto elegibles para beneficios que nunca tuvieron la oportunidad de solicitar. Debido a que el DHS considera que la presencia continua es "generalmente suficiente" para establecer una falta de salida intencional, estos hogares están recibiendo notificaciones ahora.

Otros grupos menos evidentes también deberían prestar atención:

• Personas cuyos casos fueron reabiertos, suspendidos o resueltos. Una orden reabierta, una suspensión ordenada por un tribunal o la concesión de protección migratoria o autorización que impida la ejecución de la orden de deportación pueden proporcionar motivos para impugnar la sanción.
• Personas con protección o estatus. Las directrices de ICE indican que no se deben emitir multas a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura (cuando no existe un país alternativo de deportación), acción diferida aprobada o ciertas suspensiones basadas en VAWA. Si llega una notificación de todos modos, eso constituye una defensa, siempre y cuando se presente a tiempo.
• Residentes permanentes legales. La norma reconoce informes de que algunos titulares de tarjetas de residencia recibieron notificaciones de sanción por error. El Formulario 281 no es correo basura, y una orden errónea es mucho más difícil de revertir una vez que es definitiva.
• Familias de estatus mixto. Una multa contra un cónyuge o padre es un evento financiero para el hogar y una señal de atención por parte de las autoridades que cambia la urgencia de la estrategia migratoria general de la familia.

Las defensas que importan

El DHS describe estas sanciones como "sencillas". En la práctica, los hechos detrás de ellas a menudo no lo son. Los propios datos del gobierno —una tasa de éxito del 25 por ciento en las apelaciones— confirman que los errores son reales. Las líneas de defensa más importantes incluyen:

Ausencia de una orden definitiva y ejecutable. La multa requiere una orden de deportación definitiva sin impedimentos legales para su ejecución. Una moción de reapertura pendiente que conlleve una suspensión automática, una suspensión ordenada por un tribunal o una concesión posterior de protección pueden invalidar este elemento. También puede hacerlo el simple hecho de que la orden haya sido anulada y los registros del DHS no se hayan actualizado.

Permiso legal para permanecer. Los períodos en los que una persona estuvo autorizada a permanecer deben ser excluidos. Las directrices de ICE así lo indican, pero la notificación no detalla los días imputados, por lo que la persona que impugna la multa debe reconstruir la cronología.

Falta de intencionalidad o voluntariedad. Las leyes exigen que el incumplimiento de la salida sea intencional (en órdenes de deportación) o voluntario (en salidas voluntarias). La detención, una hospitalización grave o los esfuerzos documentados para obtener documentos de viaje a solicitud de ICE pueden debilitar ese elemento, y el DHS ha declarado que no conocerá estas circunstancias a menos que se planteen en la apelación.

Persona equivocada, monto equivocado, periodo equivocado. Los errores de identidad ocurren con esta frecuencia. Las multas por salida voluntaria deben coincidir con el monto establecido por el juez de inmigración, o ser de $3,000 si no se estableció ninguno. El DHS interpreta la falta deliberada y continua de salida como una infracción continua o reiterada y, actualmente, limita la evaluación de las multas diarias a los cinco años anteriores a la decisión de la multa. Si esa interpretación es legalmente sostenible, es algo que podría quedar sujeto a revisión judicial.

La persona ya se fue. Una salida documentada, incluso una que el DHS nunca registró, elimina la responsabilidad por el periodo posterior.

Un aviso de apelación puede ser tan sencillo como marcar el campo de apelación en el Formulario 281. Pero debido a que la apelación se decide por escrito, sin entrevista y sin revisión de la BIA, el expediente escrito presentado con la apelación es, en la práctica, todo el caso. Un aviso simple preserva el derecho a ser escuchado; una apelación documentada es lo que gana el caso.

La decisión detrás de la multa: CBP Home, salida y prohibiciones de reingreso

El DHS acompaña estas multas con una oferta. Bajo su política de CBP Home, el DHS declara que condonará las multas por no salir del país a personas sin antecedentes penales que programen su salida a través de la aplicación CBP Home y efectivamente se marchen, y puede proporcionar asistencia para el viaje.

Para algunas personas, ese es un camino razonable. Para muchas otras, es la decisión más trascendental y menos reversible que tomarán, y nunca debería tomarse solo por una multa. La salida puede activar la inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(9)(A) de la INA debido a una orden de expulsión previa, así como las prohibiciones de tres o diez años por presencia ilegal bajo la sección 212(a)(9)(B) de la INA, dependiendo del historial migratorio de la persona. También puede significar renunciar a recursos que estaban genuinamente disponibles, como una moción para reabrir una antigua orden en ausencia, un ajuste de estatus a través de un cónyuge ciudadano estadounidense o una solicitud de protección.

Antes de decidir cómo manejar la multa, primero debe averiguar si tiene alguna opción para permanecer legalmente en los Estados Unidos. Sus opciones migratorias deben guiar su decisión sobre la multa, y no al revés.

Lo que la norma no hace

Debido a que las cifras alarmantes se propagan rápidamente, la precisión es importante:

• No crea nuevas multas. Las sanciones provienen de leyes promulgadas en la década de 1990. La norma cambia el procedimiento, no la responsabilidad.
• Por sí sola, no autoriza el embargo de cuentas bancarias, el embargo de salarios ni gravámenes. El cobro se rige por leyes de cobranza de deudas independientes, y una sentencia judicial requiere que el Departamento de Justicia demande en un tribunal federal, donde la deuda puede ser impugnada.
• No elimina la revisión de los tribunales federales — pero omitir la apelación ante el DHS puede significar perder ese camino.
• No cambia la obligación subyacente. La multa es un síntoma de un problema migratorio no resuelto, que es donde generalmente reside la verdadera solución.

Qué hacer si usted —o alguien de su familia— recibe un aviso de sanción

Conserve el sobre y registre la fecha de llegada. Tome una fotografía del sello postal y de la fecha que aparece en el formulario. Si el aviso llegó tarde o fue enviado después de la fecha impresa, eso constituye la base para cualquier argumento sobre retraso en el correo.

Marque la fecha límite en su calendario a partir de la fecha de envío. El plazo comienza a contar desde que el DHS envía la orden, no desde que usted la recibe, así que considere los primeros días como ya transcurridos.

No lo ignore y no lo pague por impulso. Una orden que no se apela se vuelve definitiva. Pagar puede ser lo correcto en algunos casos, pero solo después de evaluar si la multa es válida.

Envíe la apelación por correo con un comprobante de depósito. La puntualidad se mide por el sello postal, y el DHS recomienda obtener un comprobante de envío con fecha y hora del USPS o de un servicio de mensajería comercial. Guarde el recibo.

Solicite los registros del gobierno. Usted tiene derecho a solicitar copias de los documentos pertinentes en los que se basó el DHS. Esos registros a menudo revelan errores en la base de datos, suspensiones omitidas o periodos mal calculados que permiten ganar la apelación.

Mire más allá de la multa y analice el caso subyacente. Un aviso significa que una orden de expulsión antigua o una fecha de salida omitida está ahora activa en los sistemas de cumplimiento del DHS. Ese es el momento de preguntar si la orden puede reabrirse, si existe algún recurso disponible y si la salida causaría un daño irreversible.

Mantenga su dirección actualizada ante las autoridades de inmigración. El envío de correspondencia a su última dirección conocida se considera una notificación legalmente válida, por lo que tener una dirección desactualizada puede hacerle perder todo el plazo para apelar.

Un aviso de penalización es un plazo límite: no deje que pase sin responder

Este proceso está diseñado para ser rápido y escalable. Las salvaguardas restantes son reales, pero limitadas, se realizan únicamente por escrito y no perdonan las demoras. Si usted o un familiar recibe un aviso de penalización, el paso más importante es hablar con un abogado de inmigración calificado de inmediato, antes de que se cierre el plazo de apelación y antes de tomar cualquier decisión sobre abandonar los Estados Unidos.

En Law Offices of Sabrina Li, nuestra única especialidad es la ley de inmigración, y Sabrina Li es una especialista certificada por el Colegio de Abogados del Estado de California en Leyes de Inmigración y Nacionalidad. Si tiene preguntas sobre su situación migratoria o sobre cómo pueden afectarle a usted y a su familia cambios como esta norma, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros.

Puede comunicarse con Law Offices of Sabrina Li llamando a nuestra línea general al (213) 375-8096 o a nuestra línea directa en chino al (626) 800-4820, por correo electrónico a csteam@sabrinali.law, y puede obtener más información sobre nuestra práctica de inmigración en sabrinali.law.